18|1|2021

“No puede convalidarse la compra de tierras por amigos del poder”

12 de noviembre de 2020

12 de noviembre de 2020

El arzobispo bergoglista reclama políticas de hábitat, acusa a "la clase política" de "distraerse en peleas estériles" y pide un "gran acuerdo nacional". 

El arzobispo Jorge Lozano (San Juan), referente de la Pastoral Social de la Iglesia, sentó una posición fuerte ante la problemática de la tierra, agravada en las últimas semanas por las tomas, los desalojos y tras los dichos de Alberto Fernández sobre que “no es descabellada” la idea del dirigente social Juan Grabois de buscar terrenos por fuera de los conglomerados urbanos para que la gente los explote. “El Estado no puede mirar para otro lado convalidando las irregularidades en la cuestión de la tierra: la usurpación de territorios, la extranjerización y la compra de tierras a precio vil por parte de funcionarios o amigos del poder”, aseveró.

 

El arzobispo sanjuanino tomó distancia de Grabois y advirtió que se insiste en el vínculo del dirigente social con el papa Francisco para embarrar la cancha y no tratar las cuestiones de fondo.

 

El flamante secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) habló con Letra P sobre este y otros temas de la realidad social del país. Consideró que urge un gran pacto nacional para afrontar la pospandemia, precisó cuál sería el rol de la Iglesia en esa mesa de concertación y consideró que la clase política está "más ocupada en no perder lugares de poder" que en dialogar para acordar y consensuar.

 

 

BIO. Porteño. 65 años. Sacerdote desde 1982. Flamante secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Bergoglio lo ordenó obispo auxiliar en 2000. Fue sostén espiritual de familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón. Como diocesano de Gualeguaychú, acompañó el reclamo por las pasteras. Referente de la Pastoral Social, fue promovido a arzobispo de San Juan en 2016.

 

-¿Por qué la Iglesia insiste en que la crisis se resuelve con más diálogo y urge a un gran acuerdo nacional para afrontar la pospandemia?

 

-El diálogo es un valor permanente, más allá de las coyunturas. Cuanto más y mejor, se optimizan la calidad de las instituciones y de la democracia. El diálogo es un bien en todos los ámbitos. Acerca de la pospandemia, hace falta un acuerdo nacional para establecer prioridades y las políticas públicas necesarias. Los mandatarios actuales (y toda la dirigencia) no tenían previsto este escenario en el que aumentó la desocupación, la pobreza y el hambre, a lo que se suma la división entre los argentinos. Hace falta un instrumento que ayude a canalizar todas las fuerzas públicas y privadas, políticas y sociales, hacia la búsqueda de respuestas a la grave situación que debemos transitar.

 

-¿Qué rol jugaría la Iglesia en esa mesa de concertación?

 

-El rol de la Iglesia (y de otros actores religiosos y sociales) dependerá de las reglas de juego que se establezcan. En las últimas dos décadas, hemos desempeñado el rol de facilitar el diálogo y el encuentro. La palabra “mediación” tiene un contenido específico y no es pertinente en este contexto. Nos da la idea de buscar acuerdo entre pares en conflicto (partidos políticos, empresa-sindicato).

 

Hace falta un instrumento que ayude a canalizar todas las fuerzas públicas y privadas, políticas y sociales, hacia la búsqueda de respuestas a la grave situación que debemos transitar.

-¿Cuáles son las diferencias con 2001?

 

-La situación actual es de incapacidad de construir juntos entre diversos actores, sectores, intereses. En 2001, había una crisis de representatividad -expresada en la consigna “que se vayan todos”- e incapacidad de convocatoria creíble. Hoy, el escenario es diverso; asistimos a un enfrentamiento llamado “grieta” en dirigentes y entidades sociales y el pueblo, que ve con perplejidad cómo se distraen en peleas estériles sin dar respuestas a sus angustias y preocupaciones.

 

-¿Cuáles son los grandes temas en los que hay que consensuar?

 

-Las cuestiones a abordar hay que definirlas también en dinámica de diálogo y consensos. Pienso en grandes temas vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de Naciones Unidas: hambre cero, trabajo, educación, cuidado del ambiente, vivienda, tierra urbana y rural, etcétera.

 

-¿Es posible un "Pacto de la Moncloa" criollo?

 

-Siempre es posible acordar y dialogar, pero es fundamental expresar la voluntad clara de sentarse a trabajar juntos. Como en otros momentos, veo más disponibilidad y apertura para esto en las segundas y terceras líneas de los diversos espacios que en los líderes que más aparecen en los medios y a veces ocupados en no perder lugares de poder.

 

 

 

-En las recientes jornadas de la Pastoral Social que cerró el Presidente se marcaron prioridades: federalismo, Patria Grande, Unasur… ¿Por qué?

 

-El federalismo es una de las cuestiones importantes a desarrollar. Percibo que en varias oportunidades no se tiene en cuenta a todas las provincias. La mirada suele estar puesta en el AMBA. No se escucha a las autoridades nacionales promover el desarrollo y generar condiciones de arraigo en el lugar en que se nace. El acceso a la salud, la educación, la conectividad, no es equitativo en todo el país. Además, falta comprensión de las identidades e idiosincrasias de cada pueblo. También vimos importante plantear la necesidad de mejorar la calidad de los vínculos con los países hermanos por medio de los espacios ya establecidos u otros que nos puedan acercar en el diseño de un destino común.

 

-En una reflexión habló de "prepotencia" e "intereses espurios" al referirte a la toma ilegal de tierras. ¿Comó se conjugan los derechos de unos (a la propiedad) con las necesidades de otros (vivienda y condiciones de hábitat dignos)?

 

-Respecto de la propiedad de la tierra, hay hipocresía e inoperancia de parte del Estado nacional en las últimas décadas, independientemente del color político. Hay que distinguir, pero considerar en forma conjunta lo relativo a la propiedad de la tierra en general, la tierra urbana para vivienda, la tierra rural, las comunidades indígenas. En 2005, la Pastoral Social publicó el documento “Una Tierra para Todos” en el que denunciaba un proceso creciente de concentración y extranjerización en la propiedad de la tierra, especialmente en torno a fuentes de agua dulce. Estas apropiaciones ilegales se realizaron con artilugios de procedimientos fraudulentos. Por otro lado, en 2006, el Congreso sancionó una ley que establecía la necesidad de realizar un relevamiento territorial de las comunidades indígenas en vistas a dar seguridad jurídica y regularizar los títulos de propiedad. Varias veces debió postergarse el plazo y aún hoy no se ha cumplido. En estos 14 años, tuvimos desde la Pastoral Social varias reuniones con los funcionarios responsables y no obtuvimos más que promesas y buenos deseos. En este asunto hay inoperancia y también intereses espurios. Otra cuestión distinta es la relativa a la tierra urbana para vivienda familiar. En este aspecto, hace falta una política pública con sentido federal e integral. Deberíamos resolver cuestiones vinculadas al acceso a la calidad de vida equitativa con un criterio federal.

 

 

Lozano con su par porteño, Mario Pöli, y el padre Pepe, de los curas villeros.

 

 

-¿Qué rol debe jugar el Estado en estos casos?

 

-Uno fundamental. No puede mirar para otro lado convalidando las irregularidades en la cuestión de la Tierra: la usurpación de territorios, la extranjerización y la compra de tierras a precio vil por parte de funcionarios o amigos del poder.

 

-¿Qué opina del protagonismo de líderes populares como Juan Grabois y su dicente "cercanía" con el papa?

 

-Grabois expresó con claridad que él no es vocero ni operador del papa. También lo hemos dicho varias veces los obispos. Se sigue insistiendo en ese vínculo para embarrar la cancha y no tratar las cuestiones de fondo.

 

-¿Cómo se posiciona frente al accionar de grupos mapuches, siendo que están afectando también a intereses eclesiásticos?

 

-Es importante distinguir algunos reclamos comunes al conjunto y el modus operandi de algunos sectores en particular. La prepotencia no es aceptable en un Estado de Derecho que cuenta con instituciones de la democracia. Vandalizar templos, agredir a religiosos, quemar banderas argentinas, ocupar con prepotencia tierras no son caminos que acerquen a soluciones estables y justas. Los tres poderes del Estado tienen un deber indelegable para solucionar estos conflictos.